La Administración regional propone alargar la devolución de la paga de 2012 hasta finales de 2016 o principios de 2017 y se
niega a restituir los días adicionales por trienios (canosos)
La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid celebrada hoy ha terminado sin acuerdo, al haber adoptado la Administración de la Comunidad de Madrid una postura inasumible, tanto por CSIF como por el resto de las
organizaciones sindicales presentes, respecto a la restitución de los derechos usurpados a los empleados públicos. CSIF ha exigido en la reunión que la devolución de todos estos derechos sea al mismo nivel de la acordada en la Administración General del Estado.
La propuesta de la Administración regional consiste en dividir el cobro del resto de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que aún no se ha devuelto (49,73%) con un tercer pago correspondiente al 25,14% (46 días) en febrero del 2016, y el siguiente, del 24,59% (45 días), en el último trimestre del 2016, siempre que haya disposición presupuestaria, ya que, en caso contrario, se haría en enero de 2017.
Además, la Comunidad de Madrid, ha anunciado que no va a restituir los derechos recortados en cuanto a días adicionales por trienios (canosos), contemplados en el artículo 48.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), durante el año 2015. Esta propuesta ha hecho imposible que CSIF y el resto de sindicatos hayan podido llegar a un acuerdo con la Administración madrileña.
Al igual que en el año 2010, por un decreto estatal, se comenzaron a reducir derechos a los empleados públicos de todas las administraciones públicas, es inasumible para CSIF que en la Comunidad de Madrid se ralentice de esta manera la restitución de estos derechos usurpados, máxime cuando en la Administración General del Estado, ya desde este año 2015, disfrutan de estos días.
Las organizaciones sindicales han flexibilizado su postura en cuanto a su disfrute, es decir restituir el derecho en el 2015 ampliando el plazo para poder coger esos días durante todo el año 2016. Sin embargo, la Administración de la Comunidad de Madrid se ha negado taxativamente a ello.
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