CSI-F, CCOO y UGT se han posicionado siempre a favor de la prescripción enfermera porque supone una mejora sustancial en la prestación sanitaria, facilita la accesibilidad, a la vez que posibilita un uso más eficiente de los recursos humanos y, por otro lado, como una forma de acabar con la inseguridad jurídica de estos profesionales.
Desde hace muchos años enfermeras/os han estado indicando productos sanitarios, asesorando sobre su uso y evaluando efectos secundarios e interacciones. Estas prácticas han constituido un servicio de calidad, rápido y eficaz. Como ocurre en la evolución de todas las organizaciones sociales la práctica va por delante de la regulación que suele sancionar aquello que socialmente está asumido.
El Pacto por la “Sostenibilidad del SNS” acordado por el Ministerio con el Consejo General de Enfermería y SATSE (Sindicato de ATS de España) ha sido un fiasco. Dicho pacto fue impugnado por CCOO, CSI-F y UGT porque invadía competencias del Ámbito Negociador del SNS.
El RD aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de Octubre, no reconoce y limita la capacidad de enfermeras/os para prescribir, ya que obliga, entre otras cuestiones, a enfermeras/os a realizar una formación adicional para los ámbitos de los cuidados generales y el de los cuidados especializados.
De hecho se produce un grave retroceso en la autonomía profesional, ya que establece en su articulado que “será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico y la prescripción”.
CCOO, CSI-F y UGT ya han criticado y denunciado la actitud “trilera” del Ministerio de Sanidad, que ha pactado de forma irresponsable y fuera de su ámbito legal y con interlocutores escasamente legitimados, que han primado los intereses particulares de sus organizaciones a los generales de la profesión enfermera.
Resulta chocante que organizaciones como el Consejo General de Enfermería y SATSE, muestren tan poca sensibilidad hacia la realidad de las competencias de los profesionales a los que dicen representar, prestándose a suscribir acuerdos que en nada benefician ni a la profesión ni a la Sanidad Pública.
Aunque el acuerdo final no les satisfaga porque el Ministerio los ha engañado, sí que acordaron la formación adicional de 6 créditos ECTS para enriquecimiento de las organizaciones. Si esto se hubiese negociado en el ámbito negociador no hubiera pasado.
Más reprochable aún resulta la actitud del Ministerio de Sanidad, que por motivos exclusivamente partidistas, lleva varios años creando ámbitos cómodos de interlocución artificial para soslayar no solamente la negociación sino, incluso, la audiencia previa a la que tenemos derecho las organizaciones legitimadas.
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