CSI-F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación de las AA.PP. para que el Gobierno informe sobre las reformas que pretende imp

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) reclamó hoy la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, con el fin de que el Gobierno informe de primera mano a los sindicatos, representantes legítimos de los trabajadores, sobre las reformas que tiene previsto llevar a cabo en el Sector Público.
En una carta dirigida al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, CSI-F sindicato más representativo de las Administraciones Públicas les traslada la “inquietud” que existe en los empleados públicos de toda España ante las diferentes informaciones publicadas en los medios de comunicación relativas a la gestión de las Administraciones, su viabilidad económica, la organización en la prestación de servicios e incluso la organización del propio Estado (fusión de ayuntamientos, etcétera).
CSI-F, reclama la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años, para que los agentes sociales puedan asimismo analizar el Proyecto de Presupuestos Generales de Estado para el presente año. Este sindicato recuerda que este órgano no ha vuelto a reunirse desde el pasado mes de diciembre y entiende que “la gravedad y la profundidad de las medidas que el Gobierno tiene encima de la mesa exigen su convocatoria urgente”.
Estas medidas, añade CSI-F, se unen a la reforma laboral, actualmente en trámite parlamentario, que en sus disposiciones adicionales segunda y tercera, modifica el marco de relaciones laborales, abriendo la posibilidad de plantear despidos en el personal laboral de las Administraciones Públicas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Como le ha hecho llegar a las diferentes fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario, CSI-F reitera al Gobierno su rechazo a la posibilidad de que se pueda despedir a empleados públicos que hayan obtenido su plaza por proceso selectivo regido por los criterios legales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. “Entendemos que todas estas cuestiones afectan de manera directa sobre la organización del trabajo y las condiciones laborales de 2,7 millones de españoles y como sindicato más representativo en el sector, reclamamos conocer de primera mano los proyectos que el Gobierno pretende llevar a cabo y su hoja de ruta”, añade.