El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la bajada salarial del 5 por ciento impuesta en 2010 a trabajadores de empresas públicas con forma de sociedad mercantil por el Gobierno regional durante el mandato de Esperanza Aguirre.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada y, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad y nulidad, respecto a los artículos impugnados.
Se refiere a los apartados 1 y 2 de la Disposición adicional primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 4/2010, de medidas urgentes. Esta disposición modificó la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2010.
Los antecedentes del caso arrancan con una demanda de conflicto colectivo interpuesto por la representación de la Federación Estatal de Trabajadores de las Industrias Químicas Energéticas, del textil, de la piel, de la minería y afines, Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores (en adelante, FIA-UGT).
La demanda, impulsada por los trabajadores de la empresa Hispanoagua -filial del Canal de Isabel II-, se presentó ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
En la misma se solicitaba que se "declare nula y deje sin efecto la decisión de la empresa Hispanagua de fecha 5.07.2010 que impone la reducción del 5 por 100 en todos los conceptos retributivos que integran la nómina a todos los empleados con efectos del mes de julio de 2010".
Además, se pidió que se condene a la empresa demandada a abonarles desde el 1 de julio de 2010 íntegramente las retribuciones fijadas en los convenios colectivos de aplicación.
El 23 de diciembre de 2011 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional acordó dictar sentencia desestimando la demanda. FIA-UGT dedujo recurso de casación, acordando la Sala declarar inconstitucional y nulo el artículo 27.4 de la Ley 5/2009 en la redacción dada por el artículo 2.5 de la Ley 5/2010. Tras ello, se remitió el caso al Constitucional.
El Tribunal Constitucional (TC) ha obligado al Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes a rascarse el bolsillo. En una reciente sentencia, declara inconstitucional y anula la bajada salarial del 5%que la Comunidad de Madrid impuso en el año 2010 a los trabajadores de empresas públicas con forma de sociedad mercantil. Desde UGT, señalan que el dictamen del TC, aunque da la razón a los empleados de un ente público en concreto, Hispanagua, es aplicable a todo el personal en la misma situación. CCOO asegura que empezará a promover reclamaciones individuales si el Ejecutivo autonómico no devuelve de oficio las cantidades adeudadas. El pasado 2 de diciembre, otro sindicato, CSIT, solicitó a uno de los organismos supuestamente afectados, Nuevo Arpegio (la empresa pública de suelo), que "inicie a la mayor brevedad posible el procedimiento de devolución de las cantidades descontadas a cada trabajador desde 2010 más los intereses que legalmente correspondan".
El fallo de la sentencia es claro: "Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad, respecto de los apartados 1 y 2 de la disposición adicional primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 4/2010, de medidas urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2010". Eran los peores años de la crisis, y el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero aprobó en mayo de 2010 un histórico real decretopara bajar los salarios a los funcionarios: un 5% anual.
Las comunidades aplicaron el decreto estatal, y algunas fueron más allá. "Soy partidaria de que si se reducen los sueldos a los funcionarios, también se reduzca a los empleados de empresas públicas. ¿Por qué sí a los que hicieron oposiciones para entrar y no a los que entraron a dedo y tienen el empleo garantizado para toda la vida? Eso me parece enormemente injusto", señaló Esperanza Aguirre en mayo de 2010. Dicho y hecho. Ese año, el Ejecutivo madrileño decidió también aplicar la bajada salarial del 5% "al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles".
Pero una de estas sociedades mercantiles, Hispanagua, filial del Canal de Isabel II Gestión, denunció ante los tribunales esta reducción salarial. Hispanagua está participada al 100% por Canal y es una sociedad anónima. Se dedica a trabajos de obra relacionados con las infraestructuras de abastecimiento de agua, ya sea con medios propios o mediante subcontratación de otras sociedades. UGT presentó una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que en diciembre de 2011 la desestimó. El sindicato no se dio por vencido y recurrió ante el Supremo, que decidió en septiembre de 2014 plantear una cuestión de inconstitucionalidad y remitir al asunto al TC.
"La Comunidad de Madrid decidió incluir en la rebaja salarial a los trabajadores de empresas públicas con forma de sociedad mercantil, cuando no tenía potestad para ello", señala Enrique Aguado, abogado del equipo jurídico de UGT (aunque los intereses de los trabajadores de Hispanagua han sido defendidos por las letradas Pilar Vargas y Lydia Mora). El real decreto aprobado por Zapatero ya estipulaba que "la reducción salarial no será de aplicación al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles ni al personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales Renfe, Adif y Aena, salvo que por negociación colectiva las partes decidan su aplicación".
Aguado defiende que la sentencia del Constitucional es aplicable también a otros trabajadores regionales en la misma situación. No solo los de Hispanagua, todos los que pertenecían a una sociedad anónima en el año 2010. "La comunidad debería aplicar de oficio la devolución del 5% que ha restado anualmente desde el año 2010 hasta ahora". En el caso de Hispanagua, por ejemplo, la reducción salarial se empezó a aplicar en la nómina de julio de 2010. CCOO cifra en menos de 2.000 los trabajadores afectados, ya que muchas de las sociedades anónimas que había en 2010 ya no existen o se han fusionado con otras. Según el último boletín estadístico de personal (octubre de 2016), Hispanagua tiene 406 trabajadores. El resto de empresas públicas suman hoy 593 trabajadores, aunque en 2010 eran muchos más.
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